Santiago Romero Granados (Archidona, Málaga, 1949) era una autoridad en lo suyo, la enseñanza de la Educación Física a los futuros maestros, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Un hombre poderoso en el endogámico estamento universitario, que se creía a salvo de todo porque manejaba los engranajes del futuro profesional de sus ayudantes y que no tenía ningún problema en acorralar a las profesoras bajo sus órdenes, meterles la mano en la entrepierna, magrearles los pechos, pasarles los genitales por la cara, aplastarlos contra sus glúteos o gritarles por los pasillos que tenía «un bulto en un huevo». «¡Tócalo, tócalo!», exigía a una de sus víctimas. «Debes follar más, estás muy delgada», «qué buena estás». Esta desagradable sucesión de gestos, y muchos más, se relatan en los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Penal nº2 de Sevilla que acaba de condenarle a 7 años y 9 meses de prisión, además de una indemnización de 110.000 euros, por tres delitos continuados de abusos sexuales y otro de lesiones psicológicas contra dos profesoras auxiliares y una becaria de investigación.

Encubridores
El entorno del catedrático no se ha portado de forma precisamente ejemplar. El caso deja en evidencia a buena parte del departamento, que declaró a favor de su jefe y hasta elevó un escrito en su defensa. El juez hace hincapié en la debilidad de estos testimonios « manifiestamente parciales» y hasta abre la posibilidad de que se deriven responsabilidades administrativas sobre quienes encubrieron sus prácticas.

El final de la carrera de Santiago Romero va a ser, probablemente, la cárcel y la expulsión de su puesto, después de haber sido el primer catedrático de España de su especialidad, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; decano durante doce años; director de departamento; miembro del claustro de la Hispalense; Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes, entrenador y seleccionador nacional de voleibol femenino. Sus publicaciones, dirección de tesis y proyectos se cuentan por cientos en su curriculum oficial. La mayoría son colectivos. Porque, entre otras cosas, la sentencia destapa que obligaba a sus subordinados a incluir su firma en todos los trabajos que realizaran.

Los abusos probados de Santiago Romero se prolongaron desde 2006 hasta 2010, cuando una de las víctimas preguntó qué le pasaba a una compañera «brillante y con una perspectiva profesional de éxito», pero que «faltaba mucho, enfermaba a menudo, se encontraba decaída, cohibida», según relatado a Canal Sur. Esta le confesó que estaba siendo acosada por el catedrático y se decidió a denunciar. A ambas se uniría una becaria de investigación, pero en la universidad se sabe que hay más mujeres abusadas que no se decidieron a hacerlo.

Santiago Romero no se cortaba: «Aquí se hace lo que yo digo, y si no haces lo que yo digo no vas a trabajar en la Universidad (de Sevilla) ni en ninguna otra de España», le amenazó a esta profesora. «Si sigues por ese camino te encontrarás una gran soledad en el futuro y muchas piedrecitas en el camino». El juez ha valorado la posición de prevalencia y dominio del catedrático, pese a que «no sólo tenía la obligación de respetar las normas, derechos y libertades» de sus subordinados, «sino incluso tenía el deber de convertirse en garante» de los mismos.

Trató de desacreditarlas
El ahora condenado no sólo se cargó la carrera profesional de las tres mujeres –una de las cuales abandonó la docencia, otra tuvo que cambiarse de Universidad y la tercera vio retrasado el acceso al grado de doctor–, sino también su vida personal. El catedrático ha dejado «una huella difícil de borrar» en sus víctimas, considera el juez. Una de ellas lo explicaba así:«Me levantaba por las mañanas llorando desesperadamente porque no quería ir a trabajar, pero tenía clases y era mi obligación. Sufría mucho, no quería verlo, no quería escucharlo y, mucho menos quería que me tocara».

Ahora las tres víctimas se encuentran en un carrusel de emociones, «aterrizando», dice Amparo Díez, la abogada de una de ellas. «Están mal, aunque de distinta manera. Mi clienta tiene el ánimo muy débil». El proceso ha durado demasiado tiempo, diez años, seis de ellos sólo para la instrucción judicial. La víctima revive continuamente los recuerdos, en especial de las declaraciones ante las instancias universitarias una vez que decidió denunciar. Fueron horas de escrutinio para ser creída, y aún así sólo logró que le asignaran un despacho diferente, en el edificio de la Facultad de Enfermería, con la consiguiente dificultad para desarrollar su trabajo, y un horario distinto al de su jefe.

Romero desplegó todo su poder para desacreditarlas. Hasta se propagó el rumor, atribuido a su círculo, de que una de las denunciantes tenía sida. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la US, con una «diligencia extraordinaria», según la catedrática Adela Muñoz, le obligó a hacerse análisis para demostrar lo contrario.

El escándalo ha sido mayúsculo cuando se ha comprobado que Romero Granados seguía dando clases hasta el mismo día de publicarse la sentencia. Aunque fue la propia Universidad la que llevó el caso a la Fiscalía, al concluir el expediente que se trataba de delitos de gravedad Romero siguió como si nada, salvo por la concesión de un año sabático, que pasó en Sevilla.Según algunas fuentes, continuó paseándose por donde quiso, sin hacer caso de las restricciones impuestas respecto a acercarse a sus víctimas. A día de hoy, sigue sin pedir perdón.